La candidata independiente dijo que los casos de corrupción
actuales son indignantes y puso de ejemplo que, en el gobierno de Felipe
Calderón, se deslindaron responsabilidades y hubo consecuencias, pero los
hechos la contradicen.
Verificado 2018
Frase: “Los casos de corrupción que se dan ahorita, que son
indignantes, y lo que primero tendríamos que hablar también en este caso la
otra cara de la corrupción, que es la impunidad, pues los casos que se dieron
de corrupción (durante el sexenio de Felipe Calderón) han tenido sus
consecuencias y se han deslindado las responsabilidades.” (Video: 1:03:42)
Autora: Margarita Zavala Gómez del Campo
Lugar y fecha: Debate entre candidatos presidenciales, 22
abril 2018
Calificación: Falso
La Estafa Maestra, el desvío de recursos públicos hecho con
un esquema ilegal de subcontratación, inició en el gobierno de Felipe Calderón.
Según información pública, este esquema se emplea desde 2010 y, a la fecha, no
hay funcionarios en prisión por su responsabilidad en el fraude que ha sumado
por lo menos 30 mil millones de pesos.
Pese a ello, la candidata independiente, Margarita Zavala,
aseguró durante el debate entre aspirantes presidenciales que todos los casos
de corrupción vinculados con la gestión de su esposo, el expresidente Felipe
Calderón, “han tenido consecuencias y se han deslindado responsabilidades”.
Pero una revisión de algunos de los casos más emblemáticos de
corrupción que se presentaron en el sexenio 2006-2012, que continúan sin
castigo, confirman que la frase de Zavala es falsa.
Una muestra: obras que triplicaron su costo y su tiempo de
entrega, como pasó con la Estela de la Luz; uso de organismos públicos para
triangular recursos, como pasó con Turissste; o la entrega de contratos a
empresas creadas exprofeso y con licitaciones dirigidas.
Verificado 2018 revisó distintos casos de corrupción
acontecidos durante la administración de Calderón; que fueron documentados por
las prensa y por organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se revisaron las sanciones contra exfuncionarios, así como
las fechas de la aplicación de éstas, y se concluyó que, cuando hubo
consecuencias, pero éstas fueron mínimas comparadas con el daño patrimonial, y
las investigaciones judiciales, cuando las hubo, siguen en integración y sólo
se acusó a funcionarios menores.
Estela de Luz
La Estela de Luz es un monumento que conmemora el
bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. El
proyecto lo ganó el arquitecto César Pérez Becerril y la licitación de la
construcción fue otorgado a I.I.I Servicios, empresa filial de Pemex, y la
constructora Gutsa.
La Estela de Luz se inauguró en enero 2012, 16 meses después
de la fecha prometida (septiembre de 2010), para conmemorar el bicentenario de
la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Pero no fue lo
único que salió del plan, al final, el monumento costó 192% más de lo
programado, al pasar de 393 millones de pesos a mil 146 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos
denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), una de ellas por
el sobreprecio de materiales y que significó un quebranto público por 248.9
millones de pesos.
A raíz de la denunci, en 2013, la PGR giró una orden de
aprehensión contra 11 exservidores públicos de III Servicios, empresa subsidiaria
de Pemex encargada del proyecto, y uno más de la Secretaría de la Función
Pública (SFP). Las aprehensiones fueron emitidas por el uso indebido de
atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público.
Para el 2015, nueve implicados en el caso seguían el proceso
en libertad.
Tras el desfalco de más de 752 millones de pesos, pagados de
más por la obra, la SFP sancionó al director general de la empresa estatal III
Servicios, Agustín Castro Benítez, ordenando su inhabilitación por 12 años.
Eso no impidió que el sujeto prestara sus servicios en el
estado de Morelos, en donde más tarde también fue inhabilitado. El Sistema de
Registro de Servidores Públicos Sancionados registra las dos sanciones por
“negligencia administrativa”.
De acuerdo con un comunicado de prensa que la SFP emitió en
agosto de 2011, compartido con el equipo de Verificado 2018 por Jorge Camacho,
coordinador de Giras y Comunicación de la campaña de Margarita Zavala, se
iniciaron procedimientos sancionatorios contra tres servidores públicos de la
empresa paraestatal “III Servicios”, los entonces director general, ya
señalada, y los gerentes Jurídicos y de Administración y Finanzas. En estos dos
últimos casos la sanción fue de inhabilitación por dos años.
Se reporta también que se presentaron denuncias penales
contra cuatro funcionarios o exfuncionarios de dicha empresa. Sin embargo, en
2013 un tribunal congeló las órdenes de aprehensión giradas contra
exfuncionarios de la empresa III Servicios, acusados por la PGR de contratar
con sobrecostos la construcción de la Estela de Luz.
A decir de Gabriel Regino, el abogado defensor de los
acusados, los integrantes del comité de adquisición, responsables de definir el
método de asignación del contrato –invitación cerrada a tres proveedores–, son
los únicos que enfrentan un proceso penal, a pesar de su responsabilidad mínima
en el caso.
En contraste, ningún alto funcionario ha sido sancionado.
Turissste
El Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) fue el
encargado de organizar las ceremonias oficiales del presidente, así como los
eventos de la Presidencia de la República, durante la administración de
Calderón Hinojosa, asignando los contratos sin concurso de por medio.
La directora de Turissste entre 2006 y 2010, Rossana del
Carmen Ortega Rivas, quien fue designada por el entonces director del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y hoy
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo a una nota publicada por el periódico Reforma en
febrero de 2011, “entre 2006 y 2010, 27 instituciones de la administración
pública federal han adjudicado a dicha instancia al menos 185 contratos por un
total de mil 862 millones de pesos”.
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la
Cuenta Pública 2009 confirma que en dichas contrataciones existió “opacidad en
los procedimientos de adjudicación” de Turissste, al ser contratado por
diversas dependencias públicas para el desarrollo de eventos que no
corresponden con servicios turísticos, y que, a su vez, subcontrató a otras
empresas, sin fundamentos ni motivos, el 100% de los servicios.
Por su parte, Sergio Hidalgo Monroy, quien fue director
general del ISSSTE entre 2011 y 2012, declaró en marzo de 2012, ante la
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados que, a partir de las
anomalías detectadas por la ASF, se promovieron denuncias penales contra tres
funcionarios públicos de tercer y cuarto nivel.
En una entrevista que Carlos Loret de Mola tuvo con el ex
titular de la ASF, Juan Manuel Portal, en marzo de 2013 para indagar sobre el
caso Turissste, el periodista le preguntó que si la orden de asignar los
contratos sin concurso vino de la Presidencia en tiempos de Felipe Calderón y
la respuesta fue: “hay declaraciones de muchas personas… que participaron en
algunas partes del proceso (y) algunos dicen una cosa así… que recibieron
instrucciones de la Oficina de la Presidencia”.
De acuerdo con un reporte que en 2013 entregó la ASF a la
Cámara de Diputados, el Órgano Interno de Control del ISSSTE sancionó a Rossana
del Carmen Ortega Rivas con tres suspensiones, dos por cinco meses y una más
por cuatro meses y 15 días, por las adjudicaciones sin licitación a las empresas
de grupo CIE relacionadas con los festejos del Bicentenario.
El diario El Universal, explicó que en ese año Ortega Rivas
recibió ocho sanciones “poco relevantes” por parte de la Secretaría de la
Función Pública y una multa por siete mil 301 pesos e inhabilitaciones que
fueron de entre seis y 18 meses.
Odebretch con Calderón
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI) documentó que la empresa brasileña Odebretch tuvo relación comercial con
el gobierno de Calderón. La Auditoría Superior de la Federación señaló
anomalías en las obras asignadas a la compañía que ha sido vinculada a esquemas
de corrupción con gobiernos de toda América Latina y sus filiales.
MCCI tuvo acceso a documentos internos de la ASF en donde se
señalan “anomalías relacionadas con la refinería de Minatitlán, Veracruz, (que)
fueron descubiertas por la ASF desde 2010 y reportadas al órgano interno de
control en PEMEX en febrero del 2011 y pese a ello no se promovieron sanciones
o acciones penales contra el poderoso consorcio”.
La auditoría de la cuenta Pública 2012 –el último año de
gobierno de Felipe Calderón–, revisada por Verificado 2018, muestra que
Odebrecth obtuvo dos contratos, el primero con el grupo formado por las
empresas Río San Juan Construcciones, Técnicas Reunidas, y Constructora
Norberto Odebrecht, con fecha de conclusión de los trabajos 7 de enero de 2008;
el segundo con la empresa Ebramex, también subsidiaria del consorcio brasileño,
con fecha de conclusión 4 de marzo de 2008.
Por ambos contratos Pemex Refinación debía pagar 634.9
millones de dólares, aunque de acuerdo con la auditoría hasta 2012 el
sobrecosto era ya de 136 millones de de dólares, más del 20% del costo inicial.
Aunque, a decir de la investigación realizada por MCCI, en ese mismo año el
gobierno de Calderón pagó 143 millones de dólares más. Al final los trabajos
pagados a Odebretch superaron los mil millones de dólares. MCCI estimó el
sobrecosto en 66%.
En el gobierno del panista también asignó a la empresa
Braksem, otra de las subsidiaria de Odebretch, y a la mexicana Idesa, un
contrato para el abastecimiento de gas etano a precios preferentes por 20 años
para el proyecto Etileno XXI.
La información de las condiciones de ese contrato se han
mantenido bajo reserva, pero ha provocado la exigencia por parte de
legisladores para que la ASF investigue el caso y se congele dicho contrato,
aunque las mismas han sido detenidas en la cámara de diputados por legisladores
del PRI.
En ninguno de los casos señalados con la empresa Odebretch se
ha sancionado a funcionarios federales por su participación.
Contratos a empresas irregulares
La organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad
hizo un recuento de la asignación de contratos petroleros a empresas ligadas
con personajes del Partido Acción Nacional (PAN), durante la administración de
Felipe Calderón Hinojosa.
Uno de los casos mencionados en la investigación, es un
contrato equivalente a casi mil millones de pesos asignado a la empresa
fantasma Servicios de Alquiler en Hidrocarburos (SAH), S.A. de C.V. , ubicada
en Nuevo León y que utilizaba como prestanombres a una familia residente de una
colonia popular de Monterrey. En ese momento el director de Pemex era Juan José
Suárez Coppel.
Esta empresa fue creada en 2010, en el acta inscrita aparecen
como socios los hermanos Fernando y José Ángel Camarillo Cerda, y la esposa de
éste último, Rocío Guillén García, quienes residen en dos viviendas humildes en
la Privada Independencia de la colonia Moderna de Monterrey.
Los mismos tres socios aparecen como dueños de otra empresa,
Desarrolladora Especializada en Inmuebles MJL, la cual estuvo involucrada en la
reventa de un terreno, propiedad del municipio de San Nicolás. En dicha
ocasión, el alcalde Carlos de la Fuente vendió el terreno en 21.8 millones de pesos. A los pocos días, este
fue revendido en 70 millones.
Otro contrato se asignó a la empresa Seadragon de México,
cuya creación se dio sólo un día después del lanzamiento de la licitación para
la renta de una plataforma de perforación. Es decir, los inversionistas crearon
a dicha empresa mientras estaba en curso el plazo para inscribirse a la
licitación de la plataforma. La asignación de dicho contrato involucró un total
de 10 mil 300 millones de pesos. El titular de Pemex era Jesús Reyes Heroles.
El dueño fundador de Seadragon, José Farrera Redondo, es
esposo de Rocío Matesanz Santamaría, actual diputada federal del PAN.
Con información de Ernesto Aroche, Omar González y Berta Díaz
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