El candidato habla de entregar 1,500 pesos mensuales a cada
mexicano, si tomamos en cuenta la población de 119 millones de habitantes, la
propuesta podría costar el 9% del PIB.
Oxfam México
El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y
MC) Ricardo Anaya explica en un video su propuesta del Ingreso Básico Universal
(IBU): “(Se trata de) una cantidad de
dinero otorgada mensualmente y garantizada por el estado a todos los
ciudadanos, por el simple hecho de ser mexicanos o mexicanas”.
Ricardo Anaya asegura que la idea es respaldada por
economistas. El diputado Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano (parte de la
coalición) y cercano a la propuesta de Anaya, comentó en entrevista con Reuters
que el IBU otorgaría 10 mil pesos por año, lo que equivale a 833 pesos
mensuales por persona. El legislador también dijo que “el ingreso para los
niños podría ser condicionado a la matrícula escolar”.
En esta última etapa de campaña, el mismo Ricardo Anaya ha
dicho que entregará 1,500 pesos mensuales, incluso ya se han repartido tarjetas
con esta promesa.
Si se toma en cuenta la cifra anual por persona que mencionó
Álvarez, el costo de implementar el IBU en toda la población (119 millones de
habitantes) sería cercano a 1.2 billones de pesos, es decir, 5.3% del PIB de
2017. Con la cifra de Anaya, el costo se eleva a 2.1 billones de pesos y 9% del
PIB.
El candidato asegura que los recursos necesarios para
financiar esta transferencia ya existen, pero que estos “se gastan mal o se
roban”, por lo que descarta el aumento de impuestos como estrategia de
financiamiento y en su lugar propone: reordenar la política social, implementar
y cumplir un programa de austeridad y ahorro, y utilizar los excedentes de la
gestión pública.
Aun cuando la suma de estos rubros fuera suficiente para
financiar un IBU, no es posible utilizar todos estos recursos para financiar
una política pública, porque hay restricciones legales y presupuestales que lo
impiden.
Comenzando por el reordenamiento de la política social, el
candidato ha propuesto consolidar únicamente aquellos programas que transfieren
ingresos. De acuerdo con el inventario de programas sociales de CONEVAL, el
presupuesto anual de los programas con algún componente monetario asciende a
aproximadamente 419 mil millones de pesos .
No obstante, según el inventario del CONEVAL, entre los
programas que transfieren ingresos, se encuentra un gran número cuyo propósito
es diferente a la reducción de la pobreza, como becas otorgadas por el CONACYT,
tecnología y cuestiones medioambientales. Es decir, hay programas que no es
posible sustituir con el IBU porque no tienen el mismo propósito y por lo
tanto, no deberían eliminarse.
Descontando aquellos programas de ingreso que no pueden ser
sustituidos por el IBU, la suma baja a 140 mil 234 millones de pesos
anuales. Si de esta suma se descuentan
los que no son completamente monetarios —por ejemplo, programas de capacitación
que dan apoyo económico y asesoría técnica— queda un total de 14 mil 580
millones de pesos anuales.
En cuanto al cumplimiento del programa de austeridad y
ahorro, tampoco se contaría con la totalidad de los recursos, pues deberán
descontarse los que ya están comprometidos al pago de la deuda y la
estabilización financiera.
En relación a los excedentes de la gestión pública la
situación es similar y aún más restrictiva, ya que la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece cómo deben gastarse en caso
de su existencia, no permite que estos recursos se asignen discrecionalmente.
Los excedentes están sujetos a otras leyes que determinan destinos específicos
preestablecidos, como su reasignación en los presupuestos de las dependencias o
entidades que los generaron, a compensar el incremento en el gasto no
programable respecto del presupuestado o a fondos de estabilización.
De esta manera, aunque los recursos provenientes de estas
tres fuentes fueran suficientes para financiar un IBU, no es posible
utilizarlos para este propósito, lo que implica que probablemente se
necesitarían mayores recursos provenientes de impuestos y no sólo reacomodar el
gasto para hacer posible el financiamiento de esta política.
¿Qué propone Anaya?
La propuesta de Ricardo Anaya busca erradicar la pobreza
extrema del país; reducir la brecha entre quienes tienen todo y quienes no
tienen prácticamente nada; eliminar los costos burocráticos al no tener que
pagar a personas que seleccionen a los beneficiarios porque sería para todos
los ciudadanos y que se eliminaría el uso político y clientelar de los
programas.
Además, permitiría a los beneficiarios emprender nuevos
proyectos, convertiría a los ciudadanos en sujetos de crédito, estimularía el
mercado interno porque la gente gastaría más, haría frente al desempleo y sería
una manera de valorar trabajos que normalmente no se pagan, como el que
realizan las amas de casa o quienes cuidan a familiares enfermos y personas con
discapacidad.
Anaya Cortés, en su visita al ITAM, señaló que es una
política en la que él personalmente cree, pero acotó que no se puede
implementar en todo el país y que de ninguna manera sería responsable
financiarlo con deuda en caso de que se decidiera aprobarlo. A esto se añaden
las declaraciones de Cecilia Soto (asesora del candidato), donde se especifica
que el IBU se implementaría por partes, empezando por los estados más pobres.
Por otra parte, propone que se mantengan los programas que atiendan alguna
carencia diferente a la insuficiencia de ingreso.
Programas similares ¿han funcionado en otros países?
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han
pronunciado a favor de la implementación del IBU, sobre todo en países de
ingresos medios o bajos con sistemas de protección social débiles, como una
respuesta al desempleo provocado por la automatización, el aumento de la
desigualdad y la necesidad de implementar mecanismos innovadores de protección
social que sean presupuestalmente sustentables, costo-eficientes y menos
burocráticos. Sin embargo, al tratarse de una política poco aplicada a nivel
mundial, no se cuenta con la suficiente evidencia para desmentir o corroborar
los beneficios que teóricamente se atribuyen al IBU.
Existen algunos ejemplos de aplicaciones piloto entre los que
destacan los aplicados en India y Namibia . Sin embargo, estos fallaron en
realizar un estudio riguroso para estimar el impacto en el bienestar de los
usuarios que es atribuible al IBU y no a otros factores.
En otras experiencias en Malawi y Kenia , similares al IBU, se mostraron
efectos positivos en asistencia escolar, rendimiento de los alumnos, motivación
de los padres a llevar a sus hijos a la escuela, reducción de episodios de
depresión y ansiedad, mejoras en el consumo de alimentos y reducción en
inseguridad alimentaria. No obstante, la evidencia generada en otros países no
es suficiente para desmentir o corroborar que el UBI sea la solución para
erradicar la pobreza.
Además, los beneficios del UBI dependerían, en gran medida,
de que la política se aplique con todas
sus características. Un beneficio del IBU es que su carácter universal, que
evita que se excluyan personas; de igual manera, si se implementa como un
derecho, su carácter de universalidad permitiría acabar con la corrupción en la
política social.
Condicionar el apoyo a que los padres matriculen en la
escuela a los niños, como ha mencionado el equipo de Anaya, lo convertiría en
algo muy parecido al actual Prospera, el cual, pese a su éxito en aumentar los
niveles de educación entre los beneficiarios, ha fallado en lograr una
verdadera movilidad social en el que los beneficiarios se incorporen al sector
formal con salarios no precarios.
El IBU, por su parte, permitiría que los individuos atiendan
las necesidades que ellos consideran esenciales, dotándolos de libertad, algo
que no puede ni debería ser condicionado por los gobiernos.
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