En redes sociales circulan publicaciones denunciado que
empleadores llaman a votar a favor o en contra de algunos candidatos. Este tipo
de presiones constituye un delito electoral y se puede denunciar de manera
anónima.
Aldo Nicolai e Irene Larraz / Verificado 2018
Durante las últimas semanas han circulado en redes sociales
publicaciones de trabajadores de diferentes empresas que denuncian presuntas
presiones laborales para votar por un determinado candidato.
Según la ley vigente, cuando los empleadores, organizaciones
gremiales o sindicatos presionan a sus agremiados o trabajadores para influir
en el sentido de su voto se comente un delito electoral.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su
artículo 7, fracción VII, lo castiga: “Se impondrán de 50 a 100 días multa y
prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga, promesa de
dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a
otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un
candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día
de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.
¿Cómo denunciar?
Cualquier delito electoral se puede denunciar de forma
anónima en el Sistemas de atención ciudadana de la Fepade, a través del correo
electrónico fepadenet@pgr.gob.mx, en el teléfono 24 horas 01 (800) 833-7233 o
en su aplicación móvil FepadeMóvil.
También puede ser de forma presencial en la Unidad de
Atención Inmediata, ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos No. 2836, Col.
Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, CP 01090, Ciudad de México,
teléfono (55) 53463137.
Desde Estados Unidos y Canadá se puede llamar al número sin
costo 18664779960.
Además, la Procuraduría General de la República pueden
recibir las denuncias en el país, así como las Fiscalías Electorales de las
entidades federativas.
Germán Castillo, director de Averiguaciones previas de la
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade),
señala que ya "han empezado a llegar denuncias relacionadas con fuentes de
empleo, fuentes de trabajo donde se dice que les han pedido foto de la
credencial u otras formas de identificar a los electores". Del 8 de
septiembre de 2017 al 30 de marzo de 2018, esta fiscalía recibió mil 492
denuncias por delitos electorales. En total, se abrieron 633 carpetas de
investigación; 79.75% por alterar el registro federal de electores.
Castillo señala que “es indispensable que haya una denuncia
ciudadana para proceder a la investigación”, como lo dicta el artículo 16 de la
Constitución.
Detectar si tu jefe incurre en un delito electoral
La línea entre cometer este delito electoral y hacer un
llamado a votar el día de la elección, es delgada.
“La ley distingue entre llamar a votar y presionar a una
persona para votar a favor de un candidato, como amenazarla con que va a perder
un beneficio o su trabajo; (esto último) es delito y está penado con multas
financieras y hasta con cárcel; pero el llamado en sí no está penado y la gente
tiene miedo de que si no obedece puede perder su empleo”, explica Paula Sofía
Vásquez, consultora en Strategia Electoral.
Quien denuncia no sólo tiene que acreditar que el hecho
sucedió, sino el modo, tiempo, lugar y el nexo causal; es decir, señalar quién
es el responsable, cómo y cuándo sucedió el hecho.
Ivonne Acuña, experta en sistema político mexicano, de la
Universidad Iberoamericana, considera que los llamados de los empresarios por
un candidato u otro “ejerce una presión real sobre sus trabajadores” y no deben
obviarse.
“En todas las campañas se usan siempre, eso no ha cambiado;
y, por supuesto que tienen un efecto real en los trabajadores”, considera
Arturo Alvarado, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio
de México, quien reconoce que en los últimos años hay un mayor descontento.
“Las personas que están en esa situación de vulnerabilidad están desprotegidas,
pero hay mecanismos para la denuncia y, gracias a la última reforma, esta
coacción es un acto ilícito”.
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