Los candidatos dan por hecho que al ganar podrán
implementar sus propuestas, pero no siempre aclaran que la decisión final está
en las Cámaras. Verificado 2018 detectó una veintena de propuestas cuya
aprobación compete al Congreso.
Los candidatos a la Presidencia ya acumulan decenas de
promesas electorales; sin embargo, no todo lo que prometen depende de ellos. Verificado 2018 analizó
las propuestas de campaña y detectó que al menos una veintena de ellas deben
ser aprobadas por el Congreso para que se cumplan.
Aunque la Constitución Política permite al Ejecutivo
enviar iniciativas de ley, es facultad de diputados y senadores determinar por
voto de mayoría si éstas se aceptan o se rechazan, como se señala en el artículo 72 de la misma Carta Magna.
El proceso es aún más complejo si se trata de propuestas
que impliquen reformas constitucionales, ya que éstas requieren la aprobación
de la mayoría calificada (las dos terceras partes de las Cámaras) y también de
al menos 17 de los 32 congresos locales.
Si además se interpone una controversia o una acción de
inconstitucionalidad, la propuesta debe someterse, además, a la deliberación de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A pesar de que en los discursos no se precisa que estas
promesas dependen del Congreso, los cuatro equipos de campaña de los candidatos
Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita
Zavala confirmaron que planean implementar las reformas a través del Congreso
de la Unión. “O bien, acordadas con las bancadas para que ellos mismos las
presenten (y aprueben)”, agrega Armando Rodríguez, asesor del PAN en materia
legislativa.
Andrés Manuel López Obrador
● Realizar una consulta para que
la gente decida si el presidente continúa o no en su cargo cada dos años.
● Dar una amnistía a delincuentes para combatir la violencia.
Previamente hacer una consulta ciudadana sobre el tema.
● Crear un mando único para
integrar a las corporaciones policiales y castrenses.
● Crear nuevamente una
Secretaría de Seguridad Pública.
● Eliminar la Reforma Educativa.
Ricardo Anaya
● Reformar el marco legal que da
vida a la Fiscalía General de la Nación —que este año sustituirá a la Procuraduría General de la República—, y aprobar la Ley
Orgánica de la Fiscalía.
● “Muerte civil” a funcionarios
deshonestos para inhabilitar de por vida a servidores públicos corruptos.
● Reformar la Ley Federal de
Trabajo.
● Eliminar la prescripción de los delitos, como enriquecimiento ilícito,
peculado, y lavado de dinero y el fuero constitucional para todos los
servidores públicos.
● Reformar el artículo 108
constitucional para que, durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la
Presidencia pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción.
José Antonio Meade
● Crear un Código Penal único
que tipifique y castigue los delitos de la misma manera.
● Endurecer penas en delitos de
violencia familiar, desaparición forzada, abuso sexual y feminicidio.
● Igualar salarios entre hombres
y mujeres.
Margarita Zavala
● Eliminar el impuesto sobre la
renta a quienes ganan menos de 15 mil pesos.
● Otorgar prestaciones de ley a los trabajadores del hogar y que sus
servicios sean deducibles para los empleadores.
● Retirar a la policía de la
Secretaría de Gobernación y crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana.
● Reformar el sistema de
justicia para que paguen los culpables.
Francisco Santiago, director jurídico de la Escuela de
Administración Pública, y María del Carmen Nava, directora de Visión
Legislativa, confirmaron que “ninguna de las propuestas (de la lista) es
facultad directa del Ejecutivo, ni tampoco pueden ser aprobadas por decreto:
tienen que contar con la aprobación del Congreso o de alguna de sus cámaras en
ciertos casos”, en palabras de la segunda.
Nava pone como ejemplo la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para reconocer el
derecho al matrimonio igualitario, que fue rechazada por diputados del PAN, PRI
y Partido Verde.
En cualquier caso, aun cuando las propuestas fueran
aprobadas, “las iniciativas no se aprueban tal y como llegan al Congreso;
durante la discusión se hacen modificaciones, y eso depende en gran medida de
cómo esté conformado el Congreso. Si el Ejecutivo no tiene mayoría, va a ser
más difícil que pase sus reformas como quería”, indica Guillermo Ávila, especialista
en el poder legislativo, quien además señala que desde 1997 no ha habido
mayoría oficialista en el Congreso.
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